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Ante la nueva normativa ¿Qué deben tener en cuenta los facility managers y las empresas? ¿Cuáles son los pasos para lograr la eficiencia energética?

La utilización de energía renovable ya no es una cuestión lejana ni una posibilidad remota. A partir del 1 de enero de 2018 entrará en vigencia la Ley 27.191 que afectará a las empresas privadas, instituciones públicas y otros usuarios de energía que tengan un consumo mensual superior a los 300 KW. La primera exigencia es que el 8% de la energía que consumen provenga de fuentes de energía renovable y para 2025 ese porcentaje deberá llegar al 20%.

“La intención de esta ley es que se libere al medio ambiente la menor cantidad de dióxido de carbono posible y bajar la contaminación, fomentando el uso de energías que no produzcan gases de efecto invernadero”, explica el Facility & Property Management Director de Cushman & Wakefield Cono Sur, Claudio Blum. Y agrega “los facilities managers deben advertir a sus clientes que controlen si están dentro de la normativa y cuáles son las opciones de compra de energía renovable”.

Es importante comprender que, cuando hablamos de 300KW de potencia, esto hace referencia a la potencia media, es decir, el total de energía consumida en el año sobre 8760 horas. “Una estimación rápida es que la potencia media es aproximadamente la mitad de la registrada (por ejemplo, para un edificio de oficinas). Para lo cual, deberíamos considerar nuestro análisis a partir de un registro de consumo de unos 500 KW y/o una superficie de 5.000 m2” señala Blum. También es importante considerar que este valor se establece por CUIT y no por suministro, de modo que una empresa con varias sucursales y/o edificios debería considerar la suma de los consumos de los mismos.

¿Cómo adquirir energía renovable para cubrir el porcentaje establecido?

Las empresas tienen varias opciones, a saber:

– Autogenerar energía, invirtiendo en fuentes renovables

– Comprar energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)

– Firmar contratos con privados que produzcan energía limpia

Las energías renovables que pueden adquirirse son las que provienen de fuentes que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica y la biomasa, entre otras. Se estima que de la licitación de 1000 MW de energía renovable que realizó CAMMESA, el 60% de las ofertas corresponde a energía eólica y el 30% a energía solar fotovoltaica.

“Las empresas o instituciones pueden ahorrar y optimizar el consumo de energía implementando medidas básicas como reducir el consumo de agua o apagar las luces a las 18 horas”, ejemplifica la Business Development Manager de Cushman & Wakefield Cono Sur, Ana Laura Rodríguez Lamaison.

Pero, cuando las empresas no cumplan con la normativa, habrá multas equivalentes al costo de la energía generada con diésel importado por megavatio hora (unos 200USD), que se cobrarán sin previo aviso. “La normativa se encuentra aún en discusión por lo que es posible que se modifiquen algunos aspectos” aclara Lamaison “de todos modos, es conveniente que las empresas comiencen a evaluar las alternativas para alcanzar ese objetivo”.

Fuente: La Nación – Content Lab para Cushman & Wakefield.

Desde el sector explican por qué es necesario que se sancionen nuevas normativas para que el rubro siga creciendo.

Uno de los grandes motores del crecimiento de la economía es el sector inmobiliario. Mes a mes, el índice de la construcción es tomado como referencia para demostrar o no, el aumento en puestos de trabajo o en ventas de materiales. Sin embargo, pese a la importancia del área, Argentina sufre de un déficit en un punto clave: la financiación de estas inversiones a través de herramientas del mercado de capitales y del sistema financiero.

“El Real Estate es muy dependiente de grandes aportes de capital. En el mundo, este dinero es aportado por instituciones financieras (vía préstamos de corto plazo para construcción o a largo plazo para compra) y también por instrumentos del mercado de capitales que permiten reunir una gran masa de dinero para invertir en proyectos”, explica Herman Faigenbaum, director general de Cushman & Wakefield Cono Sur.

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Los instrumentos de mercado de capitales son los Fondos de Inversión, que en muchos países tienen reglas específicas para impulsar al mercado inmobiliario, como, por ejemplo, los REIT en Estados Unidos y las FIBRA en México. Estos fondos permiten a los individuos y a las grandes empresas adquirir una cartera diversificada de inmuebles. A su vez, posibilitan que todo el proceso esté gestionado por expertos en el área.

“En Argentina hubo algunas experiencias positivas, como los Fideicomisos Financieros, con los cuales se financiaron grandes edificios. Tal es el caso de la Torre Bouchard. Por razones regulatorias y falta de incentivos, estas iniciativas ya no existen”, detalla Karina Longo, responsable del área de Research de Cushman & Wakefield.

Afortunadamente la situación empieza a cambiar. Recientemente, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó una norma que facilita a las aseguradoras la inversión en Fondos Inmobiliarios. Esta normativa puede dar pie a que administradores de Fondos de Inversión puedan diseñar y ofrecer instrumentos para atraer inversores.

“El potencial es enorme: la nueva norma facilita que las compañías de seguro inviertan den Fondos de Inversión cerrados, y y un cálculo inicial nos indica que los fondos disponibles para invertir exceden los USD 2.000 millones. Aun cuando sólo porcentaje de los mismos se dirija al sector inmobiliario, los fondos pueden tener gran impacto en el mercado”, señala Faigenbaum.

En ese sentido, cree que “es de esperar que en Argentina se replique la experiencia de otros países, donde los Fondos son instrumentos para que los jugadores de mercado obtengan financiación y los individuos y las instituciones inviertan en proyectos. Los fondos están diversificados en varios activos y luego distribuyen la renta entre los cuotapartistas”.

Recientemente, en el país se tuvo una primera experiencia en Fondos derivada de la Ley de sinceramiento. Esta permitió la inversión en Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC) para proyectos inmobiliarios, los que se podían evaluar según:

Tipo de tasa: podía ser fija (fondos de deuda) o variable (fondos de equity)

Cantidad de desarrolladores empleados: uni o multidesarrollador

Tipo de proyecto: venta o renta

Por la forma en que está armado el esquema de los FCIC, estos favorecen la inversión en proyectos de ventas y facilitan que el Fondo le preste al desarrollador a tasa fija. “Los fondos de inversión del sinceramiento se transformaron en instrumentos que financian a un desarrollador en particular; la garantía son los proyectos que él está aportando”, aclara Longo. Éste es un buen primer paso, pero resulta insuficiente si se quiere apuntar a un mayor crecimiento del mercado del Real Estate.

“Mirando hacia adelante, lo que el mercado está esperando es que se sancione una Ley de Mercado de Capitales que incluya herramientas que favorezcan una mayor inversión en el sector. Un FCI permite a cualquier individuo canalizar su apetito por invertir en ladrillos con un instrumento diversificado, orientado a cierto tipo de producto, y gestionado por expertos. Esta es una buena alternativa frente a otras como el dólar y el plazo fijo”, explica Faigenbaum.

Y concluye: “el Real Estate tiene un perfil de ingresos que es único en comparación con otros instrumentos: permite retornos regulares positivos en pesos y apreciación a largo plazo en dólares. Gana quien invierte, gana el desarrollador y, en definitiva, se motoriza un sector clave de la economía real. Por eso es tan necesaria una nueva normativa”.

Fuente: La Nación – Content Lab para Cushman & Wakefield.